El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, junto con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, conformado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el procurador general, Eduardo Casal; la defensora general, Stella Maris Martínez; y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, pusieron en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Rosario.

Los acompañaron el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y los secretarios Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanovas por el Ministerio Público Fiscal.

El Sistema Acusatorio, cuya implementación fue dispuesta por la Ley 27.150 sancionada en 2015, pone la carga de la investigación en la cabeza del Ministerio Público Fiscal y brinda a los fiscales las herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones complejas contra la criminalidad organizada. La implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la Justicia Federal y Nacional Penal depende del cronograma progresivo del Ministerio de Justicia, que prevé extenderlo a todo el país.

La agilidad y la rapidez son los mayores impactos con los que contará el nuevo sistema para administrar justicia. Sus resultados en materia de eficacia y garantía van dirigidos a disminuir cuantitativamente tanto las detenciones prolongadas como los procesos sin detenidos, caracterizándose por resoluciones prontas de los Tribunales que dan certeza a las partes.

El ministro Cuneo Libarona señaló: “Este Código supera al anterior en cuanto a oralidad, inmediación, celeridad, principio de oportunidad, alternativas de resolución de conflictos, juicios orales más rápidos, expedientes digitalizados, y tiempos más limitados. Sin dudas contribuirá a una mejor Argentina. Es un enorme desafío que hoy se lanza y vamos a seguir impulsando en todo el país”.

Por su parte, la ministra de Seguridad explicó: “En Rosario nosotros hemos planteado un comando unificado y tres estrategias: la presencia permanente con un control muy fuerte, la tarea de inteligencia criminal que nos permite conocer qué bandas están actuando para tener una clara de persecución penal y este nuevo sistema acusatorio que nos va a traer una investigación más rápida. Para las causas que están abiertas, con el antiguo código, va a haber un equipo de jueces que las va a tener que cerrar lo antes posible”.

A continuación, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, expresó que “Se termina la etapa de implementación y empieza la de consolidación del sistema acusatorio; desde el Ministerio Público Fiscal se seguirá acompañando este proceso en Rosario”.

Seguidamente, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, consideró: “Todo lo que puede resolverse en el marco de audiencias orales así se hará. Los plazos son perentorios se prevén sanciones a jueces y fiscales que demoren más de lo que corresponda. Este sistema ya funciona en la justicia federal de Salta y Jujuy desde 2019 y desde entonces el 87% de los casos culminan dentro del año”.

Por último, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, dijo “Hace dos años, haciendo foco en Rosario y su zona de influencia, dijimos que la indiferencia no era neutralidad sino complicidad y que nosotros queríamos saber de qué lado estaba cada uno. Era mucho lo que había por hacer, pero teníamos claro que una de las herramientas a llevar adelante para mejorar el estado de cosas era la aplicación del sistema acusatorio, que estaba jurídicamente vigente, pero no se aplicaba en la práctica”.

Sobre el sistema acusatorio, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, resaltó el entusiasmo de los defensores en Rosario y destacó los esfuerzos del Ministerio Público de la Defensa, de cara a la implementación del Código que consistieron en la reorganización del servicio de defensa pública, la constante capacitación sobre el sistema acusatorio, la adecuación de los inmuebles y la tramitación de los concursos para la cobertura de nuevos cargos de defensores.