Los secuestros y torturas a los trabajadores sucedieron entre diciembre de 1976 y enero de 1977 en Salta. Las víctimas declararon haber sido privadas ilegalmente de su libertad y torturadas en la Seccional Cuarta de esa ciudad, que funcionó como centro clandestino. El objetivo fue disciplinar y acallar reclamos laborales, bajo el pretexto de una causa fraguada por el dueño de la empresa.

El procesamiento señala “la probada y llamativa presencia de Levín en dependencias de la Comisaría Cuarta, particularmente durante el período de detenciones, lo que no deja lugar a dudas que la policía contaba con toda la información de la empresa vinculada con los trabajadores y que en función de esa información y de la decisión de los directivos, se disponía sobre la suerte de ellos prescindiendo de todo procedimiento legal”.

“Además —agrega— a diferencia de cualquier particular, Levín tenía a su disposición la estructura de una empresa importante del medio salteño, disponiendo consecuentemente de un poder social diferencial conferido por esa posición dominante. En su faz interna, en la empresa se insertaba el accionar de Grueso, jefe de personal, que ocupaba un rol fundamental para la individualización, selección y decisión respecto de la suerte de los trabajadores”.

En su rol de querellante, la SDH solicitó en el mes de julio la imputación de Levín y de Grueso como partícipes primarios de los hechos, en el marco de las investigaciones de responsabilidad empresarial. Según se desprende de testimonios que obran en la causa, el funcionamiento represivo durante el terrorismo de Estado tenía su propio lugar en el interior de la empresa.

ANTECEDENTES DE LAS CAUSAS

En 2016 Levín había sido condenado por primera vez a 12 años de prisión por el secuestro y la tortura de Víctor Cobos, trabajador de La Veloz del Norte y delegado gremial de la UTA. Fue la primera condena en casos de responsabilidad empresarial para crímenes de la dictadura en el país, pero el juicio había excluido al resto de los trabajadores porque la justicia entendió que la empresa los había perseguido en el marco de una disputa personal a través de una causa fraguada que ya estaba prescripta.

La condena a Levín fue apelada y en 2017 la Cámara de Casación Penal la anuló, al aplicar el criterio de prescripción también para el caso de Cobos. La causa pasó a revisión de la Corte Suprema, que en 2018 ordenó que el trámite del caso sea retomado por el Juzgado Federal Nº1 para volver a analizar los crímenes sufridos por el resto de las víctimas.

Eso dio lugar a la nueva investigación, la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante y finalmente a este nuevo procesamiento. En este segundo tramo, la justicia también investiga la actuación de seis policías provinciales, dos de ellos procesados ahora: Enrique Víctor Cardozo y Víctor Hugo Almirón.

La Veloz del Norte es una conocida empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede también en Tucumán. De acuerdo al informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, FLACSO y el CELS, el colectivo de víctimas es aún más amplio. Se calcula que “al menos 22 trabajadores” de esa empresa fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.

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