La audiencia comenzó con la introducción de la testigo por parte de la abogada Guadalupe Godoy, querellante por parte de la LADH y la Unión por los Derechos Humanos de La Plata, en la que enfatizó además de sus antecedentes académicos sobre el tema, que fue una de las coordinadoras del libro “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, realizado por la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, el CELS y FLACSO y publicado por Infojus en 2015, que se incorporó a la causa como prueba luego de su declaración.

La investigadora expuso —a largo de casi cuatro horas— sobre dos temas centrales. Por un lado, la importancia del activismo obrero y la militancia sindical como causal de persecución y represión de una gran cantidad de víctimas incluidas en la causa. Y, por otro, la necesidad de analizar la participación de empresas y empresarios, en articulación con las fuerzas armadas y de seguridad, en la represión a trabajadores-víctimas incluidos en la causa. “El análisis del activismo laboral y la militancia sindical es indispensable a la hora de analizar las razones del proceso represivo”, explicó.

Analizó también los patrones en común que existieron en las prácticas empresariales represivas, a partir del análisis de 25 casos de empresas con 900 trabajadores víctimas del terrorismo de Estado. Por mencionar algunas conclusiones: en el 88 por ciento, los secuestros de los trabajadores ocurrieron en los lugares de trabajo; en el 76 por ciento, las empresas entregaron información privada de los trabajadores y listas de los delegados a las fuerzas represivas; y en el 52 por ciento hubo cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas.

“Hablar de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad no significa de ningún modo desconocer el papel de las fuerzas armadas ni tampoco uniformar u homogeneizar el comportamiento de las empresas, ya que hay distintos tipos, niveles y formas de responsabilidad y participación. Significa que partir del concepto de complicidad parece no ser adecuado analizando estos casos muy concretos donde las empresas no sólo acompañaron sino que fueron co-responsables de los procesos represivos”, argumentó Basualdo.

En la presentación abordó los casos de las empresas Mercedes-Benz, del cordón industrial zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires; Molinos Río de la Plata, de zona sur (subregión Quilmes, Banfield, Lanús y Avellaneda); y Astilleros Río Santiago, como empresa central y decisiva de la región de La Plata, Berisso y Ensenada. También analizó algunas fuentes y elementos preliminares sobre los casos de Peugeot y de Saiar, estos últimos no incluidos en el libro “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”.

Basualdo explicó la responsabilidad en la represión por parte de sectores empresariales, por ejemplo, con el caso de Molinos Río de la Plata. Al menos 27 personas vinculadas a esa empresa fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, y 21 de ellas, siguen desaparecidas, incluyendo secuestros en la fábrica y diversos aportes empresariales claves para la tarea represiva. “Su principal actividad productiva, que consistía básicamente en la elaboración de derivados de la harina y el aceite, estaba muy vinculada a la colonización agrícola del norte llevado adelante por el grupo Bunge & Born. Durante y después de la dictadura se convirtió en una de las empresas más grandes del país a partir de la adquisición de diversas marcas de alimentos, la tecnificación de sus plantas fabriles y la reducción de sus costos de producción”, explicó.

Con respecto al caso de Astilleros Río Santiago, Basualdo señaló que al menos 70 trabajadores de esa empresa estatal fueron víctimas de la represión ilegal, “además del despido masivo y el autoexilio de muchos otros antes del golpe de Estado, cuando la fábrica se militarizó brutalmente”. “Dedicado a la producción naval y mecánica, en los 70 unos 8000 trabajadores efectivos y tercerizados realizaban sus tareas en el enorme predio costero de Ensenada. Afiliados a ATE, hacia 1973 se fortaleció un proceso de renovación interna de la organización gremial de fábrica que movilizó a amplios sectores en procura de mejoras salariales y de las condiciones productivas. Desde mediados de 1975, la empresa, vinculada con la Armada, comenzó a operar prácticamente como una unidad operativa más de la represión”, explicó la investigadora, señalando que este es un marco central para analizar los casos de víctimas trabajadoras.

Basualdo también mencionó el caso de Ford, presentándolo como avance de judicialización más significativo sobre la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. La semana pasada se cumplieron dos años de la sentencia, en la que se condenó al ex militar Santiago Omar Riveros a 15 años de prisión y a dos ex directivos de la empresa automotriz: Pedro Müller (10 años) y Héctor Sibilla (12 años). El fallo constituyó un hito histórico en los juicios por delitos de lesa humanidad: es la primera condena en Argentina a altos funcionarios de una firma multinacional en términos de participación empresarial en delitos de lesa humanidad.

La próxima audiencia será el martes 22 de diciembre a las 9.30 con los testimonios de contexto del periodista Horacio Verbitsky y el docente e historiador Bruno Napoli.

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