A través de dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Gobierno Nacional estableció dos nuevas medidas para promover la mejora de las telecomunicaciones en la Argentina. Mediante la Resolución 1509/2020 del organismo regulador se reglamentó la portabilidad numérica fija, al tiempo que con la Resolución 1510/2020 se fijó el tipo de cambio de referencia para interconexiones móviles y fijas, así como de trunking digital (servicio de radio de concentración de enlaces) por los próximos seis meses.

Ahora, gracias a la portabilidad numérica fija, los usuarios podrán pasarse a otra empresa prestadora de telefonía manteniendo el mismo número, tal como ya sucede con los servicios de telefonía móvil. Se trata de un reclamo histórico por parte del sector cooperativo y pyme que presta servicios de telecomunicaciones.

Con esta medida, el Estado Nacional fomenta la competencia, permite mejorar la calidad de las comunicaciones y un uso eficiente de la numeración. Entre los principales beneficiarios están los comercios, empresas y/o pymes que van a poder mudarse o cambiar de empresa de telefonía manteniendo el número fijo, algo que se traduce en no perder negocios.

Por su parte, los cargos de interconexión son los montos que se pagan entre las operadoras de telecomunicaciones por las llamadas de sus usuarios hacia otras empresas. La interconexión constituye un tipo particular de acceso que se brinda para y entre licenciatarios y, por lo tanto, debe entenderse también como un servicio público esencial y estratégico en competencia.

A través de la Resolución 1510/2020 de ENACOM se establece de forma excepcional para los cargos de interconexión un tipo de cambio de referencia en $83,36 por cada dólar estadounidense desde el 1° de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.

Esta medida adoptada por el ente regulador de las comunicaciones se enmarca dentro de la política de desdolarización de las tarifas que plantea el Gobierno del presidente Alberto Fernández. Por lo pronto, se trata de una decisión que va a beneficiar a los pequeños prestadores que son los pagadores netos de los cargos de interconexión.

Ambas reglamentaciones forman parte de las medidas que el Estado Nacional adoptó a lo largo del 2020 para impulsar la universalización del acceso a los servicios TIC. En septiembre se lanzó el Plan Conectar para potenciar la conectividad fija y móvil, y la expansión de su cobertura social y geográfica a través de la inversión de $39.700 millones hasta 2023.

En un año marcado por la pandemia derivada del COVID-19, el Gobierno nacional declaró a los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y tv por suscripción como servicios públicos esenciales en competencia gracias a la reciente reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020.

También se reglamentó la Compartición de Infraestructura Pasiva TIC que incorpora a pequeños actores y estimula la competencia en un sector que demanda constantemente de políticas públicas con criterio asimétrico y lanzamos una consulta pública para la reglamentación de Wi-Fi 6 E, un estándar de conectividad que permite mejores experiencias de usuario ante una mayor demanda de ancho de banda y que nos permitirá una gestión y administración eficiente del espectro radioeléctrico.