El juicio por delitos de lesa humanidad en la denominada causa Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi fue postergado una vez más. Debía empezar el 1 de diciembre, pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la ciudad de Buenos Aires decidió aplazarlo ante un pedido de la defensa de uno de los dos imputados, Juan Alfredo Etchebarne, que alegó razones de salud que le impedirían afrontar el debate oral.

El inicio del debate se viene suspendiendo desde hace más de 2 años. Tuvo ya ocho postergaciones. La primera fecha había sido fijada para el 9 de octubre de 2018. Al año siguiente se pospuso para el 22 de marzo y el 25 de octubre. Y este año había fecha para 17 de marzo y se aplazó debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Hubo prórrogas también el 12 de mayo, el 11 y 18 de agosto y, la última, del 1 de diciembre.

Las últimas dos postergaciones estuvieron relacionadas con la salud de Etchebarne. En agosto el abogado defensor solicitó al tribunal suspender el inicio del debate porque el imputado debía someterse a un tratamiento de quimioterapia. Luego, presentó un certificado médico que recomendaba reposo durante tres semanas. Ante este nuevo pedido de postergación, la SDH, querellante en la causa, presentó ante el juzgado un dictamen médico de parte que señalaba que Etchebarne estaba en condiciones de presentarse al debate oral.

“Decimos que la dictadura fue cívico-militar por la complicidad y participación de muchos civiles en el plan de desaparición y exterminio que llevaron adelante los genocidas. Gracias a la consolidación y continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia pudimos profundizar las investigaciones sobre el rol que tuvieron muchos civiles en el terrorismo de Estado. El caso Chavanne-Grassi es ejemplo de eso: el uso del Estado para llevar adelante operaciones económicas en beneficio de determinados sectores del capital”, expresó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

BAJO LA FIGURA DE “SUBVERSIÓN ECONÓMICA”

El caso Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi es paradigmático: muestra con claridad cómo fue la persecución que llevaron adelante civiles y militares contra ciertos grupos empresarios durante la última dictadura, acusándolos de “subversión económica”. La investigación visibilizó el papel activo de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la política represiva, que se valió también de la participación de personal especializado del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El juicio tratará la privación ilegítima de la libertad de 28 personas secuestradas entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978, muchas de las cuales estuvieron detenidas ilegalmente en el centro clandestino que funcionó en la prisión militar de Campo de Mayo. Las víctimas fueron empresarios industriales, abogados y personas vinculadas a los grupos económicos Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi, acusados de cometer una serie de delitos encuadrados bajo la figura de “subversión económica”, contemplada en la Ley 20.840. Esta normativa había sido sancionada en 1974 y tuvo dos modificaciones parciales en 1976 y 1978.

El juez federal Daniel Rafecas fue quien instruyó la causa y procesó a los dos imputados en 2013: Etchebarne, presidente de la CNV en ese momento y quien impulsó la denuncia que derivó en la formación de un grupo de tareas mixto entre las fuerzas armadas y la CNV, y Raúl Antonio Guglielminetti, agente civil de Inteligencia del Ejército. Estaba procesado, además, el ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, pero murió en 2014. Y cuando la causa fue elevada a juicio en 2015 también estaba imputado el coronel retirado Francisco Obdulio D’Alessandri, quien falleció en 2018.

Etchebarne está acusado de ser cómplice necesario de la privación ilegítima de la libertad de 23 personas. Guglielminetti fue procesado por 9 casos. D’Alessandri y Rei estaban procesados por 28 casos.

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