El Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023, impulsado por la Oficina Anticorrupción (OA) y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), creado formalmente en abril de 2019 a través del decreto 258/2019, consistió inicialmente en un conjunto de 260 iniciativas en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en la Administración Pública centralizada y descentralizada, monitoreado por un Consejo Asesor integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y especialistas en la materia.

El PNA incluyó medidas y acciones que apuntaban a generar entornos y circuitos transparentes así como a aumentar los flujos de información pública. Sin embargo, el PNA presentaba algunas limitaciones, fundamentalmente carecía de una debida planificación estratégica, aspecto fundamental, como ha enfatizado la OCDE (2019), en todo enfoque preventivo que busca instaurar una cultura de la integridad. En su formulación original, en efecto, el PNA era la suma desarticulada de propuestas sugeridas por los distintos organismos de la administración pública, sin un diseño integral y estratégico que les diera orientación y sentido.

Las iniciativas, consideradas individualmente, eran otro punto débil. No sobresalían por su carácter transformador y en número no menor, adolecían de metas y objetivos precisos y mensurables, lo que impedía evaluar su efectivo cumplimiento. Los plazos de ejecución, por su parte, se encontraban en algunos casos sobreestimados. Finalmente, algunas iniciativas, eran meras réplicas de misiones organizacionales u objetivos normativos de los organismos correspondientes, generando una inconducente duplicidad.

Estas deficiencias surgieron tras un riguroso proceso de diagnóstico y revisión que la OA realizó a partir de diciembre de 2019, en conjunto con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la JGM. Así, en el transcurso de 2020 desarrollamos una novedosa metodología de análisis a fin de transparentar el diseño y replicabilidad del Plan, que nos permitió ordenar y jerarquizar las iniciativas por su relevancia estratégica y estar en condiciones de elaborar indicadores y nuevos plazos de cumplimiento para facilitar el monitoreo y seguimiento por parte de la ciudadanía.

El objetivo de esta revisión fue no sólo dotar de mayor coherencia y sistematicidad al PNA, sino también repensarlo de un modo estratégico y adecuarlo a los lineamientos de la nueva gestión. Para ello elaboramos una Estrategia Nacional de Integridad, que incluye al Plan pero que al mismo tiempo lo trasciende y resignifica en una visión más vasta, de tipo holística, con miras a la transversalización de la integridad a lo largo y ancho de toda la administración pública y la adopción de una perspectiva integral, federal y plural, en consonancia con las Convenciones Internacionales contra la corrupción de la ONU, la OEA y la OCDE.

En ese marco, se decidió trabajar sobre tres aspectos medulares: a) el desarrollo de un núcleo básico estratégico, centrado en lo preventivo; b) la ampliación y fortalecimiento del Consejo Asesor; y c) la creación de una plataforma digital que permita su seguimiento por parte de la ciudadanía.

Hacia un enfoque preventivo

La Estrategia Nacional de Integridad apunta a privilegiar una visión estratégica, integral y federal, jerarquizando la política preventiva y poniendo en el centro el diseño e implementación de políticas públicas que mitiguen los riesgos e ilícitos contra la administración pública.

Para ello, se buscó transversalizar la transparencia en todos los espacios en los que se toman decisiones, se implementan políticas y se gestionan recursos. En lugar de promover en forma unilateral y desde “arriba” una única lista de recomendaciones, buscamos construir una densa red de interlocución y coordinación que permita abarcar las realidades de cada uno de los organismos y jurisdicciones, contemplando además, desde una perspectiva federal, la diversidad de escenarios que componen la articulación con los estados provinciales y los municipios de nuestro país y que, generalmente, pueden requerir políticas específicas.

Este enfoque preventivo y transversal se encuentra asociado con una mirada específica sobre la corrupción, entendida como un fenómeno multidimensional, sistémico y complejo, históricamente situado, que no encuentra homogeneidad en sus manifestaciones más elementales ni puede ser unívocamente interpretado. Por ello, lo que se entiende por corrupción y el modo de combatirla y mitigar sus efectos son cuestiones eminentemente políticas.

En tal sentido, el fortalecimiento del Estado y sus capacidades resultan aspectos fundamentales en una agenda anticorrupción más amplia, que incorpore como problemáticas la influencia indebida, ilegítima y/o ilegal que ejerce el poder económico sobre el poder político. Del mismo modo, la construcción de una cultura de la integridad tiene que estar vinculada con la tarea de mejorar la calidad de nuestra democracia mediante una genuina participación ciudadana, y con la agenda de derechos humanos, en el entendimiento de que la corrupción vulnera derechos, especialmente a los grupos más vulnerables y es, por ende, dinamizadora de la injusticia social.

La renovación del Consejo Asesor

Como parte del diseño de la Estrategia Nacional de Integridad, avanzamos en la ampliación y fortalecimiento institucional de su Consejo Asesor, asegurando una representación federal, plural y equilibrada en su conformación con diversos sectores sociales, académicos y con una perspectiva de género.

A través de la Resolución 20/2020, se estableció que el Consejo estará integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector privado, entidades académicas, organismos internacionales y multilaterales, y por expertos y expertas a título personal con interés y/o reconocida trayectoria en la temática.

Esta reconfiguración del Consejo Asesor va en el mismo sentido que lo expresado tanto en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, como en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y en el Estudio sobre Integridad en Argentina (2019) realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Accedé al Acta de la Primera Reunión del Consejo Asesor

Plataforma Digital de seguimiento ciudadano

Como fuera dicho, la construcción de una cultura de la integridad tiene que estar vinculada con la tarea de mejorar la calidad de nuestra democracia mediante una genuina participación ciudadana en todas las instancias de las políticas públicas, desde su diseño y formulación, hasta su implementación y posterior monitoreo y evaluación.

Con ese entendimiento se dispondrá de una plataforma digital que permitirá el control social del Estado y el monitoreo cívico respecto del nivel de cumplimiento por parte de los organismos a cargo de las iniciativas de la Estrategia Nacional de Integridad. Así, dentro del sistema de información “Mapa de la Acción Estatal”, habrá un módulo específico para el seguimiento y evaluación de las iniciativas que compongan la Estrategia Nacional de Integridad.

Asimismo, esta plataforma digital permitirá analizar diferentes acciones públicas a fin de identificar oportunidades para integrar de manera transversal la dimensión ética de la gestión pública y sus dispositivos de integridad y transparencia.

A modo de cierre

El PNA, formulado ya hace dos años, fue adaptado y resignificado en algunos aspectos centrales, tras un acabado proceso de evaluación. Consideraciones puramente técnicas, deficiencias en su diseño general y en la estructuración de algunas de sus iniciativas y la necesidad de adecuarlo a los nuevos lineamientos de la OA han sido factores decisivos para su revisión.

El resultado de este proceso ha sido la elaboración de una Estrategia Nacional de Integridad que, lejos de significar el mero descarte de lo realizado con anterioridad, supone darle continuidad a la planificación y jerarquización de políticas de transparencia e integridad, pero en el marco de una estrategia integral centrada en la prevención de los actos de corrupción, y cuyos vectores fundamentales son la transversalidad, el federalismo, el fortalecimiento del Estado y la participación ciudadana.

Accedé al Documento de Trabajo hacia una Nueva Estrategia Nacional de Integridad.