Con la presencia de representantes del gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresas e instituciones académicas se desarrolló una nueva reunión de la mesa multiactor del Proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC). Por parte de la Oficina Anticorrupción (OA) , participó la directora nacional de Ética Pública, Natalia Torres.

CERALC es una iniciativa financiada por la Unión Europea (UE) e implementada conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la reunión se presentó la propuesta de Directiva sobre la Debida Diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad de la Unión Europea, y sus posibles implicancias para Argentina. En primer lugar, Mario Mariani, jefe de equipo de Instrumentos de Política Exterior para las Américas de la Comisión Europea, destacó el interés de la Unión Europea en la Conducta Empresarial Responsable y presentó las experiencias y regulaciones en Europa sobre el tema. Luego, Enrico Prezio, representante de la Comisión Europea, presentó la propuesta de Directiva de Debida Diligencia de la Unión Europea, los pasos a recorrer para su consagración normativa y las implicancias para los países fuera de la UE.

A continuación, Sebastián Weber de OCDE, presentó los principales resultados de la encuesta de empresas desarrolladas por el organismo, con el objetivo de identificar el grado de avance en las acciones de debida diligencia en el ámbito empresarial. Para culminar, Florencia Wegher Osci, profesora e investigadora de la Universidad Nacional del Litoral, presentó un análisis de las posibles implicancias de la directiva en el país, considerando las particularidades de la estructura productiva local.

Luego, se dio un espacio de intercambio donde la Oficina Anticorrupción presentó la nueva fase del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas y Entidades (RITE) para incorporar la perspectiva de debida diligencia en derechos humanos mediante un enfoque multiactoral y como acción colectiva.